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La nueva reforma del código penal exige a las empresas tener un modelo de prevención penal

Publicado: 16 de Enero de 2019

Los modelos de prevención penal, o como resultan denominados en la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre de código penal, los modelos de organización y gestión constituyen un elemento organizativo empresarial que incluyen las medidas de vigilancia y control “idóneas” para prevenir los delitos de la empresa y en la empresa.

 

Esta nueva dirección seguida en el ordenamiento jurídico español viene consolidada, sobre todo hasta la inicial existencia de jurisprudencia y tratamiento judicial, con referencia y sustento en líneas seguidas por organismos supranacionales tales como la OCDE , con especial observancia  a la persecución de la corrupción a través del Convenio contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de 1997 o el Convenio de la ONU contra la delincuencia organizada tradicional de 15 de noviembre de 2000, que a su vez se ha nutrido de prácticas pioneras en otros estados como EEUU (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 y sus modificaciones posteriores como la de 1998 “FCPA”), o aquéllas del Reino Unido (Ley Antisoborno) entre otrosAdicionalmente será de observancia la circular de la FGE que se trata en epígrafe aparte.

Este nuevo criterio y su desarrollo legal enfocado a un sistema organizativo responsable de la empresa y por la empresa, tiende a dotar a nuestro sistema jurídico de una especial ventaja político criminal por medio de dos bases:

a.- La necesidad de que la empresa sea una entidad autónoma y responsable para con el cumplimiento normativo que elimine aquellos consejos de administración, administradores y responsables sociales “de puro y sillón” , es decir, ajenos y desinteresados por el desarrollo de la actividad social más allá del aspecto económico y de los beneficios empresariales, a modo que la empresa sea concebida como un órgano piramidal no segmentarizado y sí organizada por atribución y delegación de funciones, donde los máximos responsables asuman funciones de cooperación con los poderes públicos (que en muchas ocasiones y en muchos sectores, cuentan con medios limitados de supervisión sobre la actividad social);así como que dicha estructura se caracterice por la división y reparto de funciones delegadas entre los diversos sujetos responsables de ésta, que va a permitir dotar a la empresa de un mayor control interno.

b.- Lograr un compromiso social de participación e implicación de las empresas en la investigación criminal (entendida en el seno de la empresa). Lograr su cooperación evitando con ello la ocultación del delito y su exoneración por falta de identificación de autoría, dado que esta responsabilidad penal de la Persona Jurídica, en adelante RPPJ, surge y se nutre de la valoración del propio sistema de organización y control de la empresa en la prevención del delito y en el cumplimiento normativo.

La RPPJ está tratada en la actualidad en el art 31 y 31 bis a quinquies del CP y en relación con los artículos 33.7, 67 bis, y 129 del mismo cuerpo legal, y como se dirá, esta responsabilidad se sustenta como reproche por la falta de organización (ausencia de un modelo adecuado y eficaz de prevención de delitos) y/o de control dentro de la misma ya fuere por hechos delictivos cometidos por sus representantes legales o personas autorizadas (directivos de la empresa) denominada como culpa in vigilando o in eligendo de esos cargos; o ya fuere la comisión delictiva realizada por un empleado de la misma, facilitada por la omisión de los deberes de vigilancia, supervisión y control en la actividad social. Pese a que estas deficiencias, negligencias u omisiones se atribuyen a una persona física dentro de la organización, la consecuencia penal se atribuye a la persona jurídica porque el órgano de administración debe liderar la empresa en el cumplimiento normativo con obligación de adoptar medidas organizativas, técnicas y jurídicas para prevenir, detectar y evitar conductas arriesgadas, ilícitas o irregulares.


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